21/01/2021

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Economía y Agro

Se complica situación judicial de autoridades de Came

La cúpula de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) finalizó el año envuelta en un doble revés judicial, pues sendas denuncias, presentadas ante la Justicia, mencionan la comisión de posibles delitos de corrupción, lavado de dinero, administración fraudulenta y balances falsos. Por un lado, la “Sala J” de la Cámara Civil desestimó el […]

La cúpula de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) finalizó el año envuelta en un doble revés judicial, pues sendas denuncias, presentadas ante la Justicia, mencionan la comisión de posibles delitos de corrupción, lavado de dinero, administración fraudulenta y balances falsos.

Por un lado, la “Sala J” de la Cámara Civil desestimó el planteo presentado por el actual presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que había considerado irregular la suspensión dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Asamblea General Ordinaria de la entidad, prevista para el pasado 2 de octubre, y una reunión previa del Consejo Directivo, informó un comunicado.

“No merecen atención los reproches que sostienen que la resolución se adoptó sin cumplimiento al debido proceso que garantice el derecho a la defensa”, refutó con dureza la jueza Beatríz Alicia Verón y su colega Gabriela Mariel Scolarici, ya que aclaró que CAME había sido notificada a tiempo de la resolución de IGJ.

Por tanto, se dejó sin efecto el planteo de Díaz Beltrán, y se dieron por válidos los planteos de la resolución Nº381 que la IGJ había dictado con fecha 30 de septiembre. En ella, el organismo había rechazado los balances de 2019 por hallar “inconsistencias” y “falta de información”.

La oposición a la actual conducción de la Cámara, de fuertes vínculos con el macrismo, la había acusado de intentar imponer una “elección fraudulenta virtual”, en la que se renovaría el mandato del presidente y su secretario, Albert Kahale.

Paralelamente, se presentó una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correcional Federal Nº3 contra la directiva de CAME. La misma fue formalizada por la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presidida por Fernando Miguez. El planteo acusa directamente a la cúpula presidida por Díaz Beltrán y Kahale de “defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, balances falsos y lavado de activos”.

De acuerdo a los denunciantes, los hechos se habrían cometido con fondos de INACAP, destinados a capacitación. Se sospecha que los mismos se habrían utilizado para crear empresas donde se habrían desviado recursos, y por ello resulta la directiva de CAME imputada, pidiendo su declaración indagatoria.

Díaz Beltrán y la conducción del organismo de la mediana empresa acumulan ya más de 10 denuncias en IGJ por parte de consejeros, por lo que su frente judicial se complica aún más.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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