18/04/2021

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Política

Barcesat: la nulidad de la elección «no tiene soporte normativo ni dogmático»

El abogado constitucionalista aseguró que para que se dicte la nulidad general de un acto electoral “el requisito mínimo es que haya una impugnación que supere la mitad de las urnas escrutadas”.

El abogado llamó a “no alentar el fantasma de una intervención federal” y sugirió que, en caso de que la Justicia no haya dado una respuesta definitiva sobre la validez de los comicios antes del 29 de octubre, fecha en que deben asumir las nuevas autoridades, se podría prorrogar el mandato del actual gobernador, José Alperovich.

“Mi opinión es que, en esto, hay que aplicar por analogía lo del derecho privado, entonces prosigue la autoridad en ejercicio hasta que se determine qué debe proceder o no”, postuló el letrado en declaraciones formuladas a la FM radio Uno.

Allí, consideró “una pura creación indocumentada lo del fraude sistémico al que alude el fallo” dictado por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán.

Incluso, Barcesat entendió que el propio contenido de esa sentencia de la Sala I demuestra la existencia de “una colusión entre los amparistas y el Tribunal” que anuló los comicios y ordenó el llamado a nuevas elecciones en Tucumán.

Insistió con definir el fallo como un “acto de forum shopping que condece a los amparistas lo que no consiguieron en las urnas, pasando por alto y despreciando la voluntad del pueblo de Tucumán”, que es -afirmó- “la cosa más afrentosa que puede exhibir un expediente judicial”.

“Para que haya nulidad general de una elección el requisito mínimo es que haya una impugnación que supere la mitad de las urnas escrutadas”, aseveró el abogado, quien asistió al Frente para la Victoria (FPV) de Tucumán en las presentaciones que realizó ante la Corte Suprema de Justicia nacional, la Corte Suprema provincial y el fuero penal local.

En las declaraciones de este viernes, Barcesat reiteró que, en su fallo, la Sala I “se atribuye una competencia que la Constitución provincial se la da exclusivamente a la Junta Electoral de la provincia, que está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial”.

Incluso, recordó que, además del presidente del máximo tribunal tucumano, integran la Junta otros dos miembros designados luego de una recusación planteada por la oposición a quienes habían sido nombrados inicialmente.

“Esa Junta, que actuó con la anuencia de los apoderados de los partidos, llega a un resultado del recuento definitivo pero se encuentra con una medida cautelar (que impedía la proclamación de una fórmula como ganadora), que ya demuestra el paño del Tribunal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, sostuvo Barcesat.

Expresó su confianza en que, en algunas de las tres presentaciones realizadas por el FpV de Tucumán, haya “un pronunciamiento que despeje el valor de legalidad de la compulsa electoral y termine esta asonada judicial, este entuerto judicial”.

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